08 diciembre 2011

 

Dependientes en situación de alerta

Su futuro está en el aire, pendiente de que se aprueben o no los presupuestos que el equipo de gobierno de José Antonio Monago ha presentado para 2012. No saben si podrán continuar recibiendo ayuda por tener la mala suerte de no poder vivir con independencia o si ni siquiera podrán llegar a estrenarla, en el caso de que la hayan solicitado y todavía no se haya resuelto el informe que evalúa el grado en el que necesitan de otros para que sus días sean un poco más llevaderos.
Se trata de 32.237 extremeños que son ancianos, discapacitados o están afectados por deterioro mental o cognitivo; de ellos 18.249 ya cuentan con apoyo económico, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, mientras que 9.119 están pendientes de que se resuelva la evaluación y otros 4.869 esperan todavía someterse a ese informe.
Los que ya cuentan con ayuda podrían sufrir retrasos en las revisiones con las que se controla su estado y la necesidades que según su estabilización o empeoramiento requieren. Es la misma consecuencia que podría afectar tanto a quienes esperan resultados como a aquellos que aguardan ser llamados a examen.
El panorama pinta todavía peor cuando se conoce que el 78 por ciento de los dependientes extremeños tiene más de 65 años y el 52 por ciento más de 80, según datos del Servicio de Atención a la Dependencia, con lo que está claro que el tiempo no juega precisamente a su favor.
Puertas que se cierran
La voz de alarma la han dado los equipos de terapeutas y trabajadores sociales que se dedican a evaluar el grado de dependencia. El borrador de las cuentas regionales para el año que viene prevé un tijeretazo del 83 por ciento en sus cuentas, de manera que su futuro se encuentra tan pendiente de un hilo como el de las personas a las que se encargan de evaluar. ¿Quién va a realizar las valoraciones? ¿Y los informes sociales y el programa individual de atención? ¿quién lo negociará con el ciudadano? Son preguntas que se hacen en voz alta los representantes de un colectivo que agrupa a un centenar de personas, entre terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y personal dedicado a la gestión de las prestaciones y servicios que recoge la propia ley. Hay que contar además con el efecto rebote que la rebaja presupuestaria tendría también en el centenar de empresas que se mueven dentro del sector de la dependencia en la comunidad autónoma.
Esos equipos son la puerta de acceso a los beneficios que recoge una ley que en el caso de Extremadura cuenta con una demanda mensual de 1.000 personas, según sus propios datos. «Reducir el gasto en equipos de valoración supone cerrar las puertas a las personas en situación de dependencia por un lado, mientras que por otro se frena de una manera importante la generación de empleo», señalan en una nota remitida a este diario.
Les queda la esperanza de que «los presupuestos se hayan realizado con premura y que existan fallos que es preciso analizar y se subsanen, como ha ocurrido con la partida de Educación». Mantener su empleo es su gran preocupación, pero les inquieta también cómo se verán afectados aquellos que necesitan una atención especial y podrían quedarse sin ella.

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