15 agosto 2011

 

Juan Carlos Campón, Exdirector Gerente del SEPAD, contesta al artículo "Monago herada una Ley de Dependencia a medio recorrido"

Hace unos días, El Periódico Extremadura publicaba un artículo firmado por Rocío Entonado en el que analizaba el nivel de implantación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia en la región extremeña con motivo del histórico cambio de gobierno. Juan Carlos Campón Durán, el que ha sido Director Gerente del SEPAD, explica en un texto enviado al diario regional su disconformidad con las afirmaciones que se vierten en el artículo. Dado el interés de la Ley de Dependencia para los terapeutas ocupacionales de Extremadura, publicamos íntegramente el comunicado de Campón.

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Ante la noticia aparecida en el día de ayer en el Periódico Extremadura, bajo un titular poco afortunado, subyacen una serie de afirmaciones que resulta necesario clarificar, sobre todo porque no se manejan correctamente los datos que el Imserso publica mensualmente, o cuanto menos se hace desde el desconocimiento. Desde mi perspectiva el titular podría haber sido “Monago hereda una ley de dependencia aplicada con calidad y que apuesta por el bienestar de sus destinatarios”.


A continuación puntualizo algunas cuestiones planteadas en el artículo:


“Monago hereda una Ley de la Dependencia a medio recorrido”

Por supuesto que la hereda a medio recorrido. Si al tiempo de implantación se refiere la periodista, así lo estableció la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006 cuando dispuso un calendario de incorporación progresiva, asumible, por grados y niveles al Sistema hasta 31 de diciembre de 2014 y esto, como se ha de entender, no lo dispuso la Ley sólo para Extremadura. Además como cualquier nuevo Sistema que se ha de implantar se ha partido de unas estimaciones (Libro Blanco de la Dependencia, 2004) que a fecha de 1 de enero de 2011 nos han confirmado las dificultades con las que nos hemos ido encontrando y de las que Extremadura, hasta el momento, se ha ido ocupando.


Pero además mucho se equivoca la periodista al afirmar que “según los datos del Ministerio de Sanidad, la actual Consejera se encuentra con una Ley a medio recorrido, con una implantación que ronda el 57%. Casi 18.000 extremeños están recibiendo la prestación a la que tienen derecho, pero aún esperan por ella otros 13.000, entre los que hay más de 4.500 expedientes que aún no se han abierto por primera vez”. Se equivoca porque ha dado por supuesto que toda persona que presenta su solicitud va a ser reconocida como persona en situación de dependencia y que por tanto tendrá derecho a recibir algún servicio o prestación económica. Esto equivaldría a que todas las personas que solicitaran una vivienda social, todas estuvieran pendientes de recibirla…


Comete por tanto otro error la periodista al sumar al total de personas que, según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, están pendientes de ser atendidas, que son 8.801 las 4.656 que han presentado solicitud y aún no están valoradas y, por tanto, no se puede determinar si tendrán derecho o no, o si teniéndolo aún tendrán que esperar a 2013 para poder ser atendidas como es el caso de los Grado I, Nivel 1, en cumplimiento exclusivamente del calendario de la Ley. De hecho y siguiendo con los datos del Ministerio actualmente en Extremadura son 5.631 (15%) las personas que habiendo sido valoradas no obtienen grado de dependencia y, por tanto, por Ley se les ha denegado el derecho a recibir esta atención o 6.531 las personas que según establece la Ley han de esperar hasta 2013 para recibir la atención que necesitan.


“El Gobierno de Monago se encuentra con 4.656 solicitudes que aún no se han abierto por primera vez”

De nuevo nos encontramos con un desconocimiento absoluto del procedimiento, las solicitudes no están en cajones esperando hasta que el/la valorador/a llame a la puerta del solicitante: previo a la valoración, y al objeto de garantizar el reconocimiento del derecho. Para que esta valoración pueda producirse, previamente hay que:

- Comprobar que el solicitante cumpla con los requisitos que se establecen en el artículo 5 de la Ley 39/2006: 5 años de residencia y dos inmediatamente anteriores a su solicitud.

- Comprobar que aporta el informe sobre sus condiciones de salud para poder aplicar el Baremo de Valoración de Dependencia según lo establecido en el artículo 27.5, así como otra información complementaria que se estime necesaria.

Digitalizar la solicitud en el Sistema de Información (SISAAD) para registrarla, gestionarla, además de trasladarla a los Equipos de Valoración desplazados en el territorio para que puedan aplicar el correspondiente baremo de valoración en el entorno habitual del solicitante.

Es importante valorar que se registran más de 1.100 solicitudes de media al mes, por tanto el retraso en cuanto a lo que esperan las personas a ser valoradas rondaría a lo más en cuatro meses. Y decimos que a lo más porque además hay que tener en cuenta que muchas de estas 4.656 solicitudes tienen paralizado el procedimiento por razones imputables al ciudadano: pendiente de que el ciudadano aporte la documentación obligatoria, pendiente de ser localizado porque no aporta datos en su solicitud o los aporta erróneamente (principalmente teléfono/dirección), desiste de su solicitud, etc.


Por lo tanto, hablar de “Negligencia, retraso, chapuza... Los calificativos con los que el PP extremeño se ha referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia en la región son tantos como las veces que han criticado que el sistema no funcionaba correctamente, que los tiempos de espera eran excesivos y los procedimientos de valoración, demasiado lentos” supuso falta de rigor en su momento y carencia de referencias claras que permitieran dar valor a un posicionamiento demagógico y poco responsable. En ningún caso aclararon esas afirmaciones dando respuestas a preguntas tan básicas como, ¿Conforme a qué datos? ¿Basados en qué indicadores?


Cuando el partido socialista deja el gobierno de la Junta de Extremadura, nuestra Comunidad Autónoma es la 5ª Comunidad Autónoma que más solicitudes tiene en relación a su población y a pesar de ser la 5ª CCAA estamos por encima de la media del país en la aplicación de la ley en el conjunto nacional: 6º en dictámenes y 9º en personas beneficiarias de alguna prestación económica o servicio. Evidentemente, según qué indicadores se utilicen podremos estar o no entre los que más hemos corrido en la aplicación de la Ley. Lo que está claro es que algunos indicadores seguramente nos reconocería cuestiones tan importantes para todos como es la atención a quién más lo necesita generando empleo para quien también lo necesita. Tan importantes es el “qué” como el “cómo”. El VI dictamen del Observatorio de la Dependencia, emitido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, otorga un “5”, un aprobado a Extremadura midiendo lo realizado en términos cuantificables sin valorar si las cosas se hacen bien o mal.


El SEPAD hizo una apuesta que se materializó en un modelo de desarrollo de calidad de la ley, no le importó no ser la mejor CCAA en velocidad, valoró más el crear un sistema sólido. El SEPAD quiso hacer las cosas bien, y desarrollar una ley en torno a servicios profesionales a la medida de las necesidades de las personas dependientes.


Dando prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar indiscriminadamente como han hecho muchas comunidades gobernadas por el PP, seguramente las cifras serían distintas, pero dinamitarían el espíritu de la ley, la construcción de un sistema de atención responsable y de calidad y el desarrollo económico que acompaña la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


Ahora al Partido Popular le toca rematar lo hecho por le Partido socialista y seguir por la senda marcada o pervertir la ley cayendo en la tentación de inflar las cifras a base de prestaciones de cuidado en el entorno familiar que ahogarían el potencial y el espíritu de una norma clave para las personas más vulnerables.

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