01 marzo 2010

 

Capacidad de decisión en personas con demencia

Nos ha resultado especialmente interesante este libro centrado en la capacidad para tomar decisiones durante la evolución de una demencia. El trabajo aborda tanto los derechos de las personas con una demencia así como propuestas de evaluación. Este es el resumen del mismo:

Todas las personas tienen que tener el derecho a decidir libremente. Pero es posible que en un momento determinado de su vida, las capacidades mentales de una persona no le permitan tomar adecuadamente ciertos tipos de decisión. A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para diseñar procedimientos de evaluación de capacidad decisoria, no existen guías prácticas universalmente aceptadas. El objetivo del Documento Sitges es analizar las múltiples situaciones que aparecen a lo largo del periodo evolutivo de una demencia, y el tipo de decisión que el enfermo o la enferma puede tomar por sí mismo o con algún tipo de ayuda. El documento nace de la necesidad de propiciar un acercamiento entre la sociedad médica y la jurídica en el ámbito de las demencias, y se ha elaborado a partir de debates entre un grupo de personas expertas en diferentes competencias profesionales. Es también un objetivo prioritario la sensibilización de los agentes sociales, que tienen que redefinir prestaciones y servicios para adaptarse a las cambiantes necesidades de esta población. El Documento es una declaración en defensa de los derechos de las personas que, en un momento de su vida, pierden facultades mentales y desarrollan demencia, y pretende marcar un nuevo camino. En materia de capacidad para decidir, hay legislación abundante, contradictoria y dispersa. Por ello, los autores destacan tres cuestiones determinantes a las que hay que atender para obtener la máxima eficiencia. En primer lugar, hay que tener una perspectiva de estos enfermos que ya no permita sostener posturas paternalistas. Además, la intervención judicial en los procesos de incapacitación debe darse únicamente para lograr una mayor protección de la persona con discapacidad, y es importante ajustar al máximo las resoluciones jurídicas a la realidad de cada situación, para lo cual es imprescindible colaborar estrechamente con el personal médico en situación de falta de autogobierno del paciente. Con respecto al área médica, el estudio aboga por la elaboración de informes que incluyan un juicio global sobre las condiciones clínicas, funcionales y del entorno socioeconómico, que facilite la percepción de la capacidad del enfermo para decidir y para resolver.

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